La decisión del jurado popular de Bristol fue de no culpabilidad, a pesar de que los hechos de daño agravado estuvieron lo suficientemente probados.
Una iniciativa del gobierno de Boris Johnson para financiar ayudas sociales y subsidios.
El juez porteño Guillermo Patricio Canepa consideró que una empresa turística incurrió en publicidad ilícita y le dio un plazo de 5 días para que rectifique las publicaciones.